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Anteriormente se hablaba sobre adecuaciones curriculares pero resultaba en su definición y en la práctica, una herramienta poco eficiente. Actualmente el término avalado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), define a los ajustes razonables como “aquellas modificaciones y adaptaciones (Ajustes) necesarias y adecuadas (Razonables) requeridas para garantizar a la persona con discapacidad física, sensorial, mental y/o intelectual el pleno ejercicio de sus derechos”. El mismo documento antes mencionado, establece en el artículo 24, la obligación expresa de garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad en aulas regulares, que deberán transformarse en aulas accesibles por medios los ajustes razonables necesarios. La educación inclusiva, a partir de la CDPD, prohíbe las prácticas discriminatorias, promueve la valoración de la diferencia, acoge la pluralidad y garantiza la igualdad de oportunidades a todos los niños con discapacidad y/o que experimentan barreras en el aprendizaje y la participación. Sin considerar que el trato igualitario a los que son diferentes resulta igual de excluyente. Negar la diversidad no resuelve las barreras, por el contrario, las multiplica. 

Cuando hablamos de inclusión esperamos que los alumnos con cualquier situación de diversidad, reciban una oferta educativa mediante la cual adquieran las herramientas necesarias para acceder a un mismo entorno y puedan interactuar en cualquier experiencia que se presente dentro y fuera del aula de clases. La Educación Inclusiva busca realizar los ajustes necesarios para garantizar que la currícula académica  y las experiencias colectivas sean ACCESIBLES a todo tipo de estudiantes. ¿Pero el docente está realmente capacitado para garantizar que el aprendizaje de cada uno de sus alumnos se cumpla?. ¿Un ajuste resuelve las necesidades de aprendizaje del alumno o sólo funciona como un mecanismo paliativo que hace como que hace? ¿Cuántas veces nos hemos topado con alumnos promovidos de grado con un nivel de desarrollo real muy inferior a los esperado? ¿Cuántas veces nos enfrentamos a alumnos que con una correcta metodología de enseñanza logran consolidar objetivos y entonces nos cuestionamos si el problema de aprendizaje era del niño o niña o se topó con docentes que tuvieron y tienen problemas para enseñar? ¿Qué sucede en el contexto actual, enmarcado por la pandemia por COVID 19 donde padres y docentes se dieron cuenta que la inclusión sólo es una simulación?

Dentro de esta normatividad y de las políticas educativas en México destaca la Ley General de Educación, que plantea: “propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos” (2018, Artículo 7º, fracción VI)”. Desafortunadamente son pocos los docentes que tienen la formación académica para llevar esto a cabo desde una visión transversal y personalizada. Si de por sí, no se tiene el enfoque ni las herramientas mínimas para hacer visible la diferencia ni la diversidad, (lo cual sería el primer paso para conducir a un diagnóstico real que luego permita diseñar un plan de tratamiento exitoso que termine de tajo con las formas de exclusión y discriminación tan arraigadas en la cultura mexicana y en el modelo de enseñanza que exige la SEP) en un ambiente presencial, ¿Qué les espera ahora a los alumnos con discapacidad o que experimentan BAPS en una educación en línea o a distancia que no contempla, ni remotamente lo antes mencionado?